Comprender qué hace un psicólogo forense es fundamental para entender cómo la psicología y el derecho pueden trabajar de la mano. En este blog hablaremos de las funciones, diferencias y ámbitos de intervención del/la psicólogo/a forense, una figura clave dentro del sistema judicial. Este/a profesional combina el conocimiento del comportamiento humano con las necesidades legales para aportar claridad en procesos judiciales, evaluaciones periciales y toma de decisiones.
Índice de contenidos
¿Cuál es la función de un psicólogo forense?
El/la psicólogo/a forense tiene como principal función evaluar, analizar y aportar información psicológica relevante en el contexto de un proceso legal. Esto puede incluir la valoración de la imputabilidad, la credibilidad de testimonios, la evaluación de daños psicológicos o la idoneidad parental en casos de custodia.
Además, el/la profesional forense elabora informes periciales que son presentados ante jueces o tribunales, con el objetivo de facilitar la comprensión de aspectos psicológicos complejos que pueden influir en un caso. Su trabajo es imparcial y se basa en la evidencia científica, lo que garantiza que sus conclusiones sean objetivas y éticamente fundamentadas.
¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psicólogo forense?
Aunque ambos comparten la base del conocimiento psicológico, el/la psicólogo/a forense se diferencia del/la psicólogo/a clínico/a o educativo/a por su vinculación directa con el ámbito legal y judicial.
Mientras que un/a psicólogo/a clínico/a trabaja en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, el/la psicólogo/a forense centra su labor en interpretar la conducta humana en contextos jurídicos, y en evaluar el impacto psicológico de los hechos delictivos o conflictos legales.
En otras palabras, su objetivo no es la terapia, sino ofrecer información técnica y objetiva que ayude al sistema judicial a tomar decisiones más justas y fundamentadas.
¿Dónde interviene el psicólogo forense?
El/la psicólogo/a forense puede intervenir en tribunales, centros penitenciarios, instituciones de protección de menores o en equipos psicosociales asociados a juzgados. Su papel es clave tanto en el ámbito penal como en el civil, laboral o familiar.
Por ejemplo, puede participar en casos de violencia de género, custodia de menores, acoso laboral, evaluaciones de riesgo de reincidencia, o daños emocionales tras un delito.
Además, su intervención no solo se limita a los juicios; también puede colaborar en procesos de mediación, formación de personal judicial o en investigaciones criminológicas que busquen comprender mejor los factores psicológicos detrás del comportamiento delictivo.
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